La situación de vulnerabilidad social en Galicia ha alcanzado niveles alarmantes, según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). A finales de 2023, se reportó que casi 700.000 personas en la comunidad gallega se encontraban en alto riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa aproximadamente uno de cada cuatro habitantes. Esta cifra es aún más preocupante si se compara con los datos de 2022, donde se registraron 50.000 personas menos en esta situación. El informe destaca que Galicia se aleja del objetivo de la Agenda 2030, que establece que debería haber 190.000 personas menos en riesgo de pobreza en comparación con 2015. En lugar de eso, la cifra ha aumentado en cerca de 8.000 personas.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), implementado en 2020, se ha convertido en el principal mecanismo del Gobierno para mitigar el riesgo de pobreza y exclusión social. En mayo de 2025, las prestaciones alcanzaron un récord histórico, superando las 34.000, lo que representa un incremento del 17% en comparación con el año anterior. Actualmente, hay 92.000 beneficiarios del IMV en Galicia, de los cuales 35.000 son menores. Este aumento en el número de prestaciones es significativo, con un promedio de 13 nuevas solicitudes aprobadas cada día. Además, la cuantía mensual por hogar vinculada al IMV ha crecido un 8,4%, alcanzando los 516 euros mensuales.
A nivel financiero, la cobertura del IMV ha superado por primera vez los 200 millones de euros anuales en Galicia, con un total de aproximadamente 730 millones de euros destinados desde su implementación. Sin embargo, a pesar de estos avances, Xosé Cuns, director de EAPN Galicia, señala que aún queda mucho por hacer. La prestación no llega a un gran número de familias que, a pesar de tener derecho a ella, no la perciben debido a la falta de información o a la complejidad de los trámites burocráticos. Cuns aboga por transferir la competencia del IMV a la Xunta y por una modificación urgente de la Ley de Inclusión para mejorar el acceso a esta ayuda.
La brecha de género es otro aspecto crítico que se refleja en los datos del IMV. Las mujeres representan el 70% de los beneficiarios, con un total de 24.209 mujeres recibiendo esta ayuda. En el último año, el número de mujeres beneficiarias ha crecido un 17,2%, en comparación con el 15,2% de aumento en los hombres. Esto indica que la situación de riesgo de pobreza y exclusión social afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes se ven más obligadas a recurrir a estas prestaciones. Según el estudio «El Estado de la Pobreza» de EAPN, la tasa de riesgo de pobreza es casi cuatro puntos superior para las mujeres (27,4%) en comparación con los hombres (23,5%). Además, la tasa de riesgo de pobreza para las mujeres creció 2,4 puntos en 2023, mientras que para los hombres el aumento fue de solo 1,3 puntos.
En términos de composición familiar, la mayoría de los beneficiarios del IMV son personas que viven solas, con un total de 9.239. Les siguen los hogares compuestos por dos adultos y dos menores (4.998), los de dos mayores y un menor (4.733) y los de un adulto y un menor (4.309). El importe bruto de las nóminas asociadas al IMV ha aumentado en un 26%, superando los 19 millones de euros al mes. Este incremento es un reflejo de la creciente necesidad de apoyo económico en la comunidad gallega, donde muchas familias luchan por cubrir sus necesidades básicas en un contexto de inflación y altos costos de vida.
La situación actual en Galicia pone de manifiesto la urgencia de abordar la pobreza y la exclusión social de manera integral. A pesar de los esfuerzos del Gobierno a través del IMV, es evidente que se requieren medidas adicionales para garantizar que todas las familias que necesitan apoyo puedan acceder a él. La falta de información y la burocracia son barreras significativas que deben ser superadas para que el IMV cumpla su objetivo de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los gallegos. La lucha contra la pobreza no solo es una cuestión de justicia social, sino también una necesidad económica para el desarrollo sostenible de la región.
