Las medidas extraordinarias de apoyo a los hipotecados de clase media en España, aprobadas hace tres años, están a punto de expirar. Estas medidas, que surgieron como respuesta a la crisis económica exacerbada por la pandemia y la guerra en Ucrania, han sido un salvavidas para muchas familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones hipotecarias. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2025, estas medidas dejarán de estar en vigor, a menos que el Gobierno decida prorrogar su aplicación, como ocurrió el año anterior. La situación actual es diferente a la de hace un año, y las entidades financieras están optimistas sobre la posibilidad de que el Nuevo Código de Buenas Prácticas hipotecarias se elimine, lo que les permitiría negociar más libremente con sus clientes en apuros.
La evolución de los tipos de interés ha sido un factor crucial en el contexto de estas medidas. Desde que el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a aumentar los tipos de interés para combatir la inflación, el precio del dinero ha pasado del -0,5% al 4% en un corto periodo. Sin embargo, a partir de junio de 2024, la tendencia se revirtió, y los tipos de interés comenzaron a disminuir, alcanzando el 2% actual. Esta reducción ha tenido un impacto positivo en las cuotas hipotecarias, lo que ha contribuido a una disminución en la morosidad hipotecaria. El saldo impagado de créditos para la compra de vivienda ha disminuido de 14.522 millones de euros en marzo de 2022 a 10.691 millones en la actualidad, lo que refleja una recuperación en la capacidad de pago de las familias.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el contexto actual es muy diferente al de hace un año, y que la evolución positiva de los salarios y la renta de las familias ha permitido que muchas de ellas superen el impacto de la subida de los tipos de interés. Durante una reunión con las patronales bancarias, Cuerpo dejó entrever que no se descarta la posibilidad de no prorrogar las medidas de alivio, ya que la situación económica ha mejorado. Las patronales bancarias, por su parte, también han expresado su confianza en que el plan no se amplíe, argumentando que su naturaleza era preventiva y que el contexto macroeconómico actual no justifica su continuidad.
Uno de los aspectos más preocupantes en este debate es la falta de información sobre cuántas familias se han beneficiado realmente del plan de alivio hipotecario. Aunque se estableció una comisión para hacer seguimiento de los beneficiarios, no se han publicado datos actualizados desde finales de 2023. Esto ha llevado a especulaciones sobre la efectividad del programa, ya que las cifras iniciales de beneficiarios potenciales fueron significativamente infladas. Mientras que la entonces ministra Nadia Calviño habló de más de un millón de hogares vulnerables, el Banco de España redujo esa cifra a 549.000 hogares potencialmente beneficiarios, y solo 200.000 se consideraron probables.
El Gobierno ha defendido que la baja utilización de las medidas es un signo positivo, indicando que la red de apoyo ha funcionado de manera preventiva. Sin embargo, la falta de datos claros sobre la efectividad del programa genera incertidumbre sobre su impacto real en la vida de las familias afectadas. Para acogerse al código para las clases medias, los hogares deben cumplir con ciertos requisitos, como tener una renta anual máxima de 37.800 euros y una hipoteca de no más de 300.000 euros. Si se cumplen estos criterios, los hogares pueden optar por diferentes alternativas, como la ampliación del plazo de amortización o la fijación de la cuota hipotecaria por un periodo determinado.
La situación actual plantea un dilema para el Gobierno y las entidades financieras. Por un lado, la mejora en la economía y la disminución de la morosidad sugieren que muchas familias han logrado adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Por otro lado, la incertidumbre sobre el futuro de las medidas de alivio hipotecario y la falta de datos claros sobre su efectividad generan preocupación entre aquellos que aún enfrentan dificultades económicas. A medida que se acerca la fecha de expiración de las medidas, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones entre el Gobierno y las entidades financieras, así como la respuesta de las familias afectadas ante posibles cambios en el panorama hipotecario.
