Las grandes compañías eléctricas que operan las centrales nucleares en España, incluyendo Iberdrola, Endesa y Naturgy, han solicitado una reunión con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El objetivo de este encuentro es discutir posibles modificaciones en el calendario de cierre de las plantas nucleares, comenzando por la central de Almaraz, cuyos dos reactores están programados para desconectarse en 2027 y 2028. Esta situación ha llevado a las empresas a adoptar una postura de espera, congelando decisiones clave sobre la continuidad de la planta hasta que se produzca la reunión con el Gobierno.
La junta de socios de la sociedad propietaria de la central, CNAT, ha estado considerando un plan de inversiones para preparar la planta para una posible extensión de su vida útil. Sin embargo, las empresas han decidido no avanzar en este sentido sin una señal clara del Gobierno que indique que se revisarán las fechas de cierre. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha requerido a las compañías que presenten la información necesaria para iniciar el proceso de desmantelamiento del primer reactor antes de noviembre, lo que ha llevado a las eléctricas a colocar la planta en un estado de ‘modo cierre’. Sin cambios en la política gubernamental, las inversiones necesarias para mantener la planta operativa se encuentran en un limbo.
### Inversiones y Riesgos Asociados
Las eléctricas han calculado que se necesitarían más de 20 millones de euros para preparar la planta en caso de que el cierre se retrase hasta 2030. Este dinero sería destinado a asegurar el suministro de combustible nuclear, homologar al personal y garantizar la seguridad de las instalaciones. Sin embargo, la aprobación de estas inversiones está actualmente congelada. Las empresas han expresado su preocupación por la posibilidad de que el proceso de cierre de Almaraz se convierta en un caso similar al de la central de Garoña, que ha enfrentado retrasos continuos en su desmantelamiento.
Las compañías advierten que si se cierra Almaraz sin que Enresa, la entidad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, tenga los medios necesarios, se enfrentarán a costos millonarios. Esto se debe a que tendrían que seguir asumiendo gastos operativos sin los ingresos que generaría la producción de electricidad. Además, las eléctricas argumentan que sería más eficiente cerrar ambos reactores de Almaraz simultáneamente, en lugar de hacerlo con un año de diferencia, debido a la complejidad operativa y legal que esto conlleva.
### Revisión Fiscal y Condiciones para la Ampliación
Otro aspecto crucial en la discusión sobre el futuro de las centrales nucleares es la revisión de la carga fiscal que enfrentan las empresas. Las eléctricas han manifestado que la actual fiscalidad hace inviable la continuidad rentable de las instalaciones. Por lo tanto, han condicionado la presentación de una propuesta oficial para la ampliación de la vida útil de las centrales a una revisión de impuestos y tasas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado claro que no tramitará ninguna propuesta de ampliación de la vida de las nucleares si las empresas no garantizan que los costos no se trasladarán a los consumidores a través de un aumento en la factura de la luz.
La ampliación de la vida de las centrales nucleares también implicaría una reducción automática de la tasa que las empresas pagan a Enresa por la gestión de residuos radiactivos. Esta tasa se calcula en función de la electricidad que se espera que produzcan las centrales mientras estén operativas, lo que significa que si se extiende su vida útil, la tasa podría disminuir sin generar nuevos costos para el sistema eléctrico o para los consumidores.
En resumen, el futuro de la central nuclear de Almaraz y de otras instalaciones similares en España se encuentra en un punto crítico. Las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo afectarán a las empresas involucradas, sino también a la política energética del país y a la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Las grandes eléctricas están a la espera de una respuesta del Gobierno que podría definir el rumbo de la energía nuclear en España en los próximos años.
