La situación de las pensiones en A Coruña ha puesto de manifiesto una alarmante desigualdad entre los trabajadores asalariados y los autónomos. Según los últimos datos de la Seguridad Social, un jubilado autónomo en la provincia percibe de media 898 euros al mes, en comparación con los 1.585 euros que recibe un asalariado. Esta diferencia de 687 euros mensuales, que representa un 43% menos, refleja un problema estructural que persiste a pesar de las reformas del sistema de pensiones que se han implementado en los últimos años.
La media de pensiones para los autónomos en Galicia también se encuentra por debajo de la media estatal, donde los autónomos españoles reciben 1.010 euros. Sin embargo, el caso de A Coruña es especialmente preocupante, ya que muchos profesionales por cuenta propia no logran alcanzar el umbral de los 1.000 euros mensuales tras su jubilación. La situación se agrava aún más para los beneficiarios de pensiones de viudedad, donde la media asciende a 928 euros si la pensión proviene de un asalariado, pero se reduce a apenas 622 euros si es de un autónomo.
### La Voz de los Autónomos: Un Lamento por Pensiones Dignas
Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha expresado su preocupación por lo que él denomina «pensionistas pobres». Según Abad, muchos autónomos que han trabajado toda su vida se ven obligados a subsistir con pensiones que rondan los 750 u 800 euros, lo que hace imposible llevar una vida digna. Este fenómeno se debe en gran medida a un modelo de cotización que ha estado históricamente desvinculado de los ingresos reales de los trabajadores autónomos. Durante años, muchos de ellos optaron por cotizar por las bases mínimas, incluso cuando sus ingresos eran significativamente mayores.
La reforma del sistema de cotización, que se encuentra en marcha desde 2023, busca ajustar las cuotas a los beneficios reales de los autónomos. Esto significa que cada trabajador contribuirá en función de lo que realmente gana, lo que a su vez debería reflejarse en una pensión más justa y acorde a su esfuerzo contributivo. Sin embargo, la negociación sobre las cuotas mínimas que se aplicarán en 2026 aún está abierta entre el Gobierno y las organizaciones del sector.
Desde UPTA, Abad propone una subida progresiva de las cotizaciones, sugiriendo que aquellos autónomos con ingresos más altos deberían contribuir más, mientras que los de ingresos reducidos tendrían un incremento más suave. Según sus estimaciones, aproximadamente el 40% de los autónomos declara rentas por debajo del salario mínimo, mientras que un 30% gana más de 2.500 euros al mes. Dentro de este último grupo, la mitad supera los 4.000 euros mensuales. Abad argumenta que muchos de estos autónomos estarían dispuestos a contribuir más si esto garantizara pensiones más dignas en el futuro.
A pesar de la esperanza de que la situación mejore en los próximos años, especialmente con la jubilación de los autónomos de la generación del baby boom, que cotizaron más y durante más tiempo, Abad advierte que aún queda un largo camino por recorrer para cerrar la brecha con los asalariados. Además, enfatiza que la verdadera carga para los autónomos no son las cotizaciones, que generan derechos, sino la alta fiscalidad que enfrentan. Por ejemplo, un autónomo puede soportar una tributación por IRPF cercana al 30%, mientras que las grandes corporaciones y bancos pagan tasas significativamente más bajas.
### Divergencias en el Diagnóstico del Sector
Por otro lado, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que forma parte de la patronal CEOE, tiene una visión diferente sobre la situación actual. Su vicepresidenta, Celia Ferrero, ha criticado la última propuesta del Gobierno, que congela las cuotas más bajas y aumenta en un 2,5% las más altas, argumentando que esta medida no mejora la protección social de los autónomos. Ferrero señala que el objetivo de la reforma era reforzar la seguridad de los autónomos, algo que, según ella, no se ha logrado.
Un punto de controversia es el acceso a la prestación por cese de actividad, conocida como el paro de los autónomos. Ferrero afirma que el 60% de las solicitudes son rechazadas, lo que pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en momentos de crisis. Además, critica que el nuevo sistema de cotización no se basa en los ingresos reales, sino en los «ingresos fiscales», que no reflejan adecuadamente los gastos deducibles de los profesionales.
Ferrero también destaca la diversidad dentro del colectivo de autónomos, que incluye a mujeres mayores del medio rural que buscan una pensión mínima y pluriempleados con otra ocupación asalariada. Según ella, sería necesario ofrecer convenios especiales y ayudas específicas para estos grupos, algo que hasta ahora no se ha materializado. La situación de los autónomos en A Coruña es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchos trabajadores en toda España, donde la lucha por pensiones dignas y justas continúa siendo una prioridad.
