La reciente sesión de control al Gobierno ha puesto de manifiesto una crisis significativa en la gestión de las pulseras antiagresores, un sistema diseñado para proteger a las víctimas de violencia de género. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se vio en el centro de la tormenta, defendiendo la eficacia del sistema a pesar de las críticas y acusaciones de negligencia. Esta situación ha generado un intenso debate en el Congreso, donde los partidos de la oposición, especialmente el Partido Popular (PP), han aprovechado la oportunidad para cuestionar la gestión del Gobierno en materia de protección a las mujeres.
La polémica comenzó cuando se revelaron errores en el sistema de control de las pulseras, lo que llevó a la oposición a exigir explicaciones y responsabilidades. Durante la sesión, Redondo argumentó que las informaciones sobre el fallo del sistema eran «bulos y falsedades», y acusó al PP de utilizar a las víctimas como «arietes» en su estrategia política. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, respaldó esta postura, afirmando que no ha habido desprotección de las mujeres y que el PP solo busca crear alarma infundada.
A pesar de las defensas del Gobierno, la oposición no se mostró convencida. Los diputados del PP, como Miguel Tellado y Silvia Franco, criticaron la falta de respuestas concretas y la aparente desinformación sobre cuántas causas de violencia de género se habían archivado debido a los fallos en el sistema. Tellado enfatizó que la negligencia del Gobierno ha puesto en peligro a las mujeres, mientras que Franco acusó a Redondo de ofrecer explicaciones vacías y de propaganda.
La ministra de Igualdad, en su defensa, mencionó la migración de datos de Telefónica a Vodafone y Securitas, las nuevas adjudicatarias del sistema, como un factor que contribuyó a los errores. Sin embargo, esta justificación no fue suficiente para calmar las críticas, y muchos diputados del PP continuaron insistiendo en que el Gobierno había sido advertido sobre los problemas en el sistema y no había tomado las medidas necesarias para corregirlos.
La tensión en el Congreso se intensificó cuando se abordaron otros temas relacionados con la violencia de género y la protección de las mujeres. La oposición recordó los escándalos que han rodeado al Gobierno, incluyendo la ley del «solo sí es sí», que ha sido objeto de críticas por permitir la excarcelación de violadores. La portavoz del partido de Abascal, Pepa Millán, aprovechó la ocasión para recordar estos incidentes, sugiriendo que el verdadero peligro para las mujeres proviene de las decisiones del Gobierno.
En medio de este clima de confrontación, la ministra Redondo se comprometió a ofrecer más explicaciones en el Senado, aunque esto no logró calmar la indignación de la oposición. La situación ha puesto de relieve no solo las fallas en el sistema de pulseras antiagresores, sino también la creciente polarización política en torno a la cuestión de la violencia de género y la protección de las víctimas. La falta de consenso y la utilización de este tema como arma política han complicado aún más la situación, dejando a muchas mujeres en una posición vulnerable.
La crisis de las pulseras antiagresores es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el Gobierno en su lucha contra la violencia de género. A medida que la oposición continúa presionando por respuestas y responsabilidades, la ministra de Igualdad y su equipo deberán encontrar formas efectivas de abordar las preocupaciones planteadas y restaurar la confianza en un sistema que es vital para la seguridad de muchas mujeres en el país. La gestión de esta crisis no solo afectará la percepción pública del Gobierno, sino que también tendrá implicaciones significativas para la política de igualdad y protección de las mujeres en el futuro.
