La reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México ha generado un gran revuelo en el ámbito internacional. Esta decisión se produce en un contexto tenso, marcado por el asilo de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien ha sido acusada de participar en un intento de golpe de Estado en 2022. La situación ha llevado a ambos países a intercambiar acusaciones y a cuestionar la legitimidad de las acciones del otro, lo que podría tener repercusiones significativas en la política regional.
**Contexto de la Ruptura Diplomática**
El Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones con México tras conocer que Betssy Chávez se encontraba asilada en la Embajada mexicana en Lima. Esta decisión fue calificada como un acto inamistoso por el canciller peruano, Hugo de Zela, quien expresó su sorpresa y descontento por no haber recibido una notificación oficial sobre el asilo. Según el Gobierno peruano, esta acción de México representa una intromisión en los asuntos internos del país andino, lo que ha llevado a la expulsión de la encargada de la Embajada mexicana, Karla Onela.
Chávez, quien fue primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, ha sido objeto de un proceso judicial por su supuesta participación en el intento de autogolpe de Estado que tuvo lugar en diciembre de 2022. A pesar de que la justicia peruana le impuso restricciones para salir del país, su situación ha cambiado drásticamente con la concesión de asilo por parte de México. Este hecho ha sido interpretado por el Gobierno peruano como un intento de convertir a los acusados en víctimas, desvirtuando la realidad de los acontecimientos que llevaron a la destitución de Castillo.
**Reacciones Internacionales y Derechos Humanos**
La respuesta del Gobierno mexicano ha sido clara y contundente. A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores de México lamentó la ruptura de relaciones y la consideró una medida excesiva. En su defensa, el Gobierno mexicano argumentó que el asilo otorgado a Chávez es un acto legítimo y en conformidad con el Derecho Internacional. Además, enfatizó que el otorgamiento de asilo no debe ser visto como una intervención en los asuntos internos de otro país, recordando que ambos países son signatarios de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
La situación de Betssy Chávez ha sido objeto de atención internacional, ya que ella misma ha denunciado violaciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023. La defensa de Chávez sostiene que su encarcelamiento y el proceso judicial en su contra son parte de una persecución política, lo que ha llevado a México a actuar en su favor. Esta narrativa ha sido rechazada por el Gobierno peruano, que sostiene que las acciones judiciales contra Chávez son legítimas y se llevan a cabo con todas las garantías legales.
La crisis diplomática entre Perú y México no solo afecta a las relaciones bilaterales, sino que también plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia en la región. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos, ya que la situación podría influir en la política de asilo en América Latina y en la percepción de la justicia en casos de persecución política.
**Implicaciones para la Política Regional**
La ruptura de relaciones entre Perú y México podría tener repercusiones más amplias en la política regional. Ambos países han mantenido históricamente lazos estrechos, y esta crisis podría afectar la cooperación en diversas áreas, incluyendo el comercio, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Además, la situación podría inspirar a otros países de la región a tomar posiciones similares en casos de asilo político, lo que complicaría aún más las dinámicas diplomáticas en América Latina.
El hecho de que Perú haya decidido no intervenir en la Embajada mexicana, a diferencia de lo que ocurrió en Ecuador en 2024, muestra un intento de mantener un enfoque respetuoso hacia el Derecho Internacional. Sin embargo, la expulsión de la encargada de la Embajada mexicana indica que las tensiones entre ambos países están lejos de resolverse. La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU, podría verse obligada a intervenir o mediar en esta crisis, especialmente si se intensifican las violaciones a los derechos humanos o si se producen incidentes diplomáticos adicionales.
La situación de Betssy Chávez y la respuesta de México han puesto de relieve las complejidades del asilo político en un contexto donde las acusaciones de persecución política son comunes. A medida que ambos países navegan por esta crisis, el futuro de sus relaciones y la estabilidad política en la región permanecen en la balanza.
