El mes de agosto de 2025 ha sido testigo de una serie de incendios devastadores en España, que han dejado un saldo trágico de al menos cuatro vidas perdidas y más de 360.000 hectáreas de terreno arrasado. Este escenario ha reavivado el debate sobre la gestión de emergencias en el país y la responsabilidad de las diferentes administraciones en la lucha contra el fuego. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido la actuación del Gobierno, afirmando que se ha realizado un «despliegue sin precedentes» en 29 provincias. Sin embargo, la realidad es que la situación ha puesto de manifiesto las deficiencias en la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, así como la falta de un protocolo claro para la gestión de emergencias.
La crónica de este mes parece repetirse, evocando recuerdos de desastres pasados. En 2022, una dana cobró la vida de más de 220 personas, y ahora, los incendios han dejado una huella similar de destrucción. La ministra Aagesen ha señalado que el 45% de las tierras quemadas pertenecen a espacios naturales protegidos, lo que subraya la gravedad de la situación. A pesar de las declaraciones optimistas del Gobierno, la oposición ha criticado la falta de acción efectiva y ha exigido una revisión de los protocolos existentes.
**Desafíos en la Gestión de Emergencias**
Uno de los principales problemas radica en la distribución de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Según la normativa actual, las autonomías son responsables de la prevención y extinción de incendios en sus territorios. Sin embargo, cuando la situación se desborda, pueden solicitar ayuda al Gobierno central, que mantiene el mando operativo. Esta estructura ha llevado a un cruce de acusaciones entre los partidos políticos, donde cada uno intenta desviar la responsabilidad hacia el otro.
El Partido Popular (PP) ha criticado al Gobierno por no haber declarado la situación operativa 3, que permitiría al Ejecutivo asumir el control de la emergencia sin necesidad de que las comunidades lo soliciten. Esta falta de acción ha generado un clima de desconfianza y ha puesto en entredicho la capacidad de respuesta del Gobierno ante situaciones críticas. La senadora de Vox, Paloma Gómez, también ha cuestionado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la inacción del Gobierno en momentos de crisis.
Por otro lado, el Gobierno ha defendido su gestión, argumentando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se activó antes de que la situación se desbordara. Sin embargo, las comunidades afectadas han denunciado que la respuesta fue tardía y que no se proporcionaron todos los recursos solicitados. Este tira y afloja entre administraciones ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer un marco más claro y eficiente para la gestión de emergencias.
**La Necesidad de un Pacto de Estado**
La crisis actual ha llevado a muchos a abogar por un pacto de Estado que permita una respuesta unificada ante emergencias climáticas. La ministra de Transición Ecológica ha señalado que la única forma de abordar la emergencia climática es a través de un esfuerzo conjunto que involucre a todas las partes interesadas. Sin embargo, el clima político actual, caracterizado por la polarización y la desconfianza, dificulta la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
El PP ha propuesto la creación de criterios objetivos y transparentes para la movilización de recursos en situaciones de emergencia, pero no ha especificado cuáles serían esos criterios. La falta de claridad en los protocolos de actuación ha llevado a que la toma de decisiones dependa de la voluntad política, lo que puede resultar en una respuesta ineficaz ante desastres naturales.
Además, la inversión en prevención de incendios ha disminuido en los últimos años, lo que ha contribuido a la gravedad de la situación actual. Expertos en el campo han señalado que es necesario un cambio en la forma en que se aborda la gestión de incendios, priorizando la prevención sobre la extinción. La falta de recursos y la burocracia que rodea a las zonas protegidas han dificultado la implementación de medidas efectivas para reducir el riesgo de incendios.
En este contexto, la colaboración entre el mundo rural y las administraciones es crucial. La inclusión de agricultores y ganaderos en las labores de prevención podría ser una estrategia efectiva para reducir el riesgo de incendios. Sin embargo, hasta ahora, las políticas han tendido a ver al mundo rural como un enemigo en lugar de un aliado en la lucha contra el fuego.
La situación actual en España pone de relieve la necesidad urgente de revisar y reformar los protocolos de gestión de emergencias. La falta de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, junto con la disminución de la inversión en prevención, ha llevado a un escenario en el que las catástrofes naturales se convierten en tragedias humanas. La búsqueda de un pacto de Estado que permita una respuesta unificada y efectiva ante la emergencia climática es más necesaria que nunca.
