La situación política en Navarra se ha visto sacudida por una serie de escándalos relacionados con la adjudicación de contratos a la constructora Servinabar 2000. Este caso ha puesto en el centro del debate la gestión del Gobierno de María Chivite, quien ha intentado distanciarse de las acusaciones que vinculan a su administración con irregularidades en la concesión de obras públicas.
Uno de los puntos más críticos de esta controversia es el contrato de 72.497 euros adjudicado a Servinabar para la instalación de cortinas exteriores en viviendas protegidas. Este contrato fue otorgado sin concurso público, lo que ha generado sospechas sobre la transparencia del proceso. La empresa, que cuenta con un reducido número de empleados, ha sido beneficiaria de un total de siete contratos desde 2015, acumulando un valor total de 86 millones de euros. La mayoría de estas adjudicaciones se realizaron durante la legislatura de Uxue Barkos, pero también se han continuado bajo la administración actual de Chivite.
La relación entre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Servinabar ha sido objeto de investigación por parte de la Guardia Civil, que ha revelado que Cerdán controla el 45% de la empresa. Este vínculo ha llevado a la oposición a exigir explicaciones y, en algunos casos, la dimisión de Chivite. La presidenta ha declarado que no tiene relación con las adjudicaciones y ha anunciado una auditoría triple para investigar los contratos relacionados con Servinabar.
### Dimisiones y Presión Política
La presión sobre el Gobierno de Navarra ha aumentado considerablemente tras la dimisión de Ramón Alzórriz, vicesecretario general del PSN, quien renunció tras perder la confianza de Chivite. Alzórriz había ocultado que su pareja trabajaba para Servinabar, lo que ha intensificado las críticas hacia la gestión del Gobierno. La oposición, liderada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Partido Popular, ha solicitado la dimisión de Chivite, argumentando que su administración ha favorecido a una empresa vinculada a un alto cargo del PSOE.
El escándalo ha llevado a la presidenta a comparecer ante los medios, donde insistió en su disposición a llegar «hasta el final, caiga quien caiga». Sin embargo, su defensa ha sido recibida con escepticismo por parte de la oposición, que ha señalado que la auditoría anunciada podría no ser suficiente para restaurar la confianza pública. La situación se complica aún más con la posibilidad de que el PP utilice su mayoría en el Senado para activar una comisión de investigación sobre el caso, lo que podría llevar a nuevas revelaciones y a un mayor escrutinio sobre la gestión de Chivite.
### Implicaciones para el Futuro Político
El escándalo de Servinabar no solo afecta a la imagen del Gobierno de Navarra, sino que también plantea interrogantes sobre la estabilidad política en la región. Con las elecciones a la vista, la capacidad de Chivite para mantener su coalición y su liderazgo dentro del PSOE se encuentra en entredicho. La presión de la oposición y las demandas de rendición de cuentas podrían tener un impacto significativo en la dinámica política de Navarra, especialmente si se revelan más irregularidades en el proceso de adjudicación de contratos.
La situación actual refleja un momento decisivo para el Gobierno de Chivite, que deberá navegar entre las exigencias de transparencia y la necesidad de mantener su base de apoyo. La respuesta a las acusaciones y la gestión de la crisis determinarán no solo su futuro político, sino también el rumbo del PSOE en Navarra. La atención ahora se centra en cómo se desarrollarán los acontecimientos en las próximas semanas, mientras la oposición continúa presionando por una mayor claridad en las relaciones entre el Gobierno y las empresas adjudicatarias de contratos públicos.
