La reciente investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) ha destapado un escándalo en el que se involucra a Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de Canarias. Según los informes, Torres forzó pagos a la empresa Soluciones de Gestión SL para la compra de mascarillas durante la pandemia, sin realizar las comprobaciones y controles legales necesarios. Este caso ha suscitado un gran revuelo en el ámbito político y social, ya que pone en entredicho la gestión de recursos públicos en un momento crítico.
La UCO ha presentado mensajes y audios que demuestran cómo Torres presionó a la responsable económica del Servicio Canario de Salud para autorizar pagos a la mencionada empresa, a pesar de las advertencias sobre la calidad de las mascarillas. A pesar de que informes internos desaconsejaban su uso por no cumplir con los requisitos de seguridad, el Gobierno de Canarias continuó con los pagos, llegando a rehacer el contrato para clasificar el material defectuoso como mascarillas quirúrgicas.
### La vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público
La actuación de Ángel Víctor Torres no solo ha generado controversia, sino que también podría acarrear serias consecuencias legales. La Ley de Contratos del Sector Público establece que, en situaciones de emergencia, las administraciones deben seguir procedimientos específicos que incluyen la comprobación de la calidad de los productos adquiridos. En este caso, se alega que Torres actuó de manera ilegal al presionar para realizar pagos sin las validaciones necesarias.
El artículo 120.1.d de la ley menciona que, incluso en situaciones de emergencia, se deben observar las disposiciones sobre cumplimiento de contratos y recepción de la prestación. Esto implica que, aunque se actúe de manera rápida ante una crisis, los pagos deben estar sujetos a comprobaciones y fiscalización. Sin embargo, los audios revelan que Torres estaba al tanto de que la responsable económica del SCS exigía documentación antes de autorizar los pagos, lo que pone en evidencia una clara violación de la normativa.
La UCO ha documentado que, a pesar de las advertencias sobre la calidad de las mascarillas, el flujo de transferencias se mantuvo gracias a la presión ejercida por Torres. En un mensaje de julio de 2020, Torres prometió a Koldo García, un asesor involucrado en la trama, que vencería la resistencia interna para realizar los pagos, lo que demuestra su implicación directa en el proceso.
### La implicación de la trama Koldo
La trama Koldo, que ha sido objeto de investigación, se refiere a un grupo de personas que supuestamente se beneficiaron de la compra de mascarillas defectuosas. Según los informes, Torres participó en al menos cuatro contratos con Soluciones de Gestión, que suman un total de 12 millones de euros. A pesar de las dudas sobre la calidad de las mascarillas, los pagos continuaron, lo que ha llevado a cuestionar la ética y la legalidad de las decisiones tomadas por el entonces presidente de Canarias.
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es que, a pesar de que se identificaron más de 800.000 mascarillas defectuosas, el Gobierno de Canarias no solo continuó con los pagos, sino que también rehízo el contrato para clasificar las mascarillas como quirúrgicas. Esta decisión ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que se trató de una maniobra para encubrir la falta de controles y garantizar el pago a la empresa involucrada.
El escándalo ha generado un intenso debate en la sociedad canaria, donde muchos ciudadanos exigen responsabilidades y transparencia en la gestión de recursos públicos. La situación se complica aún más con la intervención de la Fiscalía Europea, que ha comenzado a investigar el caso, lo que podría llevar a consecuencias legales para los implicados.
La presión política sobre Torres ha aumentado, y su futuro en el cargo podría estar en juego. La oposición ha exigido su dimisión y ha señalado que su actuación podría ser considerada como malversación de fondos públicos. La situación es delicada, y el desenlace de esta investigación podría tener repercusiones significativas en el panorama político de Canarias y en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
El caso de las mascarillas en Canarias es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, especialmente en tiempos de crisis. La sociedad espera que se tomen las medidas necesarias para garantizar que situaciones como esta no se repitan en el futuro, y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
