La situación migratoria en las Islas Baleares ha alcanzado niveles críticos, lo que ha llevado a la presidenta autonómica, Marga Prohens, a solicitar al Gobierno central la declaración de «contingencia migratoria extraordinaria». Esta medida se justifica por el hecho de que las islas han recibido más de 4.700 migrantes irregulares en lo que va del año, lo que representa un aumento del 77% en comparación con el año anterior. Prohens ha afirmado que los centros de acogida en Baleares están operando a más del 1.000% de su capacidad, lo que plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de la región para gestionar esta crisis.
La vicepresidenta segunda de Baleares, Antònia Maria Estarellas, confirmó que las islas deben acoger a 49 menores según un decreto del Consejo de Ministros. Sin embargo, el Ministerio de Infancia ha advertido que Baleares no cumple con los requisitos necesarios para ser excluida del reparto de menores, ya que actualmente alberga a unos 600 menores en centros que tienen una capacidad para 406. Para poder acogerse a la contingencia, la comunidad autónoma tendría que triplicar su capacidad, lo que parece poco probable en el corto plazo.
La situación se ha vuelto aún más complicada con la llegada de 659 inmigrantes en solo un par de días, lo que equivale a «una patera cada dos horas». Este aumento en las llegadas ha llevado a la presidenta balear a cuestionar la respuesta del Gobierno central, preguntándose por qué se rechaza una solicitud antes de que sea presentada formalmente. Desde el Gobierno balear se han comprometido a utilizar «todas las vías legales» para detener el reparto de más menores hacia las islas, lo que incluye la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo si su solicitud de contingencia es denegada.
La crisis migratoria en Baleares contrasta con la tendencia a la baja en otras partes de España, donde las rutas migratorias han disminuido en un 27%. A pesar de esta disparidad, el Gobierno central ha endurecido su postura hacia las comunidades que se niegan a acoger a más menores, advirtiendo que habrá «consecuencias legales» para aquellas que no cumplan con las normativas establecidas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han dejado claro que podrían intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si alguna comunidad autónoma se niega a aplicar el decreto.
La petición de Baleares de ser tratada de manera similar a Cataluña y el País Vasco, que ya están exentas del reparto obligatorio, se basa en el argumento de que estas comunidades han realizado un «esfuerzo previo» significativo en la gestión de la migración. Sin embargo, el cruce de acusaciones entre administraciones ha complicado aún más la situación. Torres ha acusado a Prohens de obstaculizar la política migratoria del PSOE, mientras que la presidenta balear ha replicado que el verdadero obstáculo es el abandono por parte del Gobierno central.
La crisis migratoria en Baleares no solo plantea desafíos logísticos y de capacidad, sino que también genera tensiones políticas significativas. La presión sobre los recursos de las islas ha llevado a un debate más amplio sobre cómo gestionar la migración en España, especialmente en un contexto donde las comunidades autónomas tienen diferentes capacidades y enfoques hacia la acogida de migrantes. La situación actual pone de relieve la necesidad de un enfoque más coordinado y equitativo en la gestión de la migración, que tenga en cuenta las realidades locales y las capacidades de cada comunidad autónoma.
A medida que la crisis continúa desarrollándose, será crucial observar cómo responden tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas. La presión sobre Baleares podría intensificarse si no se encuentran soluciones efectivas y sostenibles para gestionar la llegada de migrantes, lo que podría tener repercusiones no solo para las islas, sino para toda España. La situación actual es un recordatorio de la complejidad de la migración y la necesidad de un enfoque que equilibre la humanidad con la capacidad de acogida, garantizando que se respeten los derechos de todos los involucrados.
