La situación de los menores inmigrantes en España ha cobrado una relevancia significativa en los últimos años, especialmente en comunidades autónomas como Andalucía. La Junta de Andalucía ha manifestado su preocupación ante el nuevo decreto del Gobierno central que establece un aumento drástico en el número de plazas para la atención de estos menores. Este artículo explora las implicaciones de esta medida y la respuesta de la Junta de Andalucía ante lo que consideran un sistema ya colapsado.
La Junta de Andalucía ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, que establece criterios para el reparto de menores inmigrantes en situaciones de saturación. Este recurso es el primero de varios que se están considerando, ya que la Junta también está evaluando la posibilidad de recurrir el nuevo decreto que fija la capacidad de atención a menores inmigrantes en cada comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, el decreto asigna un total de 2.827 plazas, un aumento considerable en comparación con las 645 plazas actuales.
### La Saturación del Sistema de Protección de Menores
Uno de los puntos críticos en el debate sobre la atención a menores inmigrantes es la saturación del sistema de protección en Andalucía. La Consejería de Inclusión Social ha señalado que el sistema ya está colapsado, lo que plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de atender adecuadamente a los menores que llegan a las costas andaluzas. En los últimos meses, se han registrado 643 casos de menores que han llegado a Andalucía, muchos de los cuales son trasladados desde otros territorios o llegan como adultos pero son identificados posteriormente como menores por la Fiscalía.
La Junta argumenta que el nuevo decreto del Gobierno central no solo es impracticable, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores. La consejera Loles López ha expresado que el sistema andaluz no puede soportar un aumento tan abrupto en el número de plazas, dado que cada semana continúan llegando menores no acompañados que requieren atención inmediata. Este aumento en la capacidad de atención, según la Junta, podría llevar a un colapso total del sistema, afectando tanto a los menores ya en el sistema como a los que están por llegar.
El Gobierno central, por su parte, ha defendido la necesidad de este decreto como una medida para garantizar que todas las comunidades autónomas asuman su responsabilidad en la atención a los menores inmigrantes. El ministro de Política Territorial ha indicado que, aunque algunas comunidades puedan resistirse a aplicar el decreto, se tomarán las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento, incluyendo la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si es necesario.
### La Reivindicación de Andalucía como Frontera Sur
Otro aspecto relevante en este debate es la reivindicación de Andalucía como «frontera sur» de Europa. Esta distinción permitiría a la comunidad autónoma acceder a más recursos y líneas de financiación para la atención a inmigrantes. La Junta ha argumentado que la falta de este reconocimiento ha llevado a un agravio comparativo con otras comunidades, como el País Vasco, que han recibido apoyo adicional en materia migratoria.
La ausencia de este estatus ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la gestión de la inmigración en Andalucía. A pesar de que el Gobierno central ha autorizado el traslado de menores desde Canarias, ha excluido a comunidades como el País Vasco y Cataluña de este primer reparto, lo que ha generado críticas y descontento en Andalucía. La Junta considera que este enfoque es injusto y que se debe reconocer la situación única que enfrenta Andalucía como punto de entrada para muchos inmigrantes.
La situación de los menores inmigrantes en Andalucía es un reflejo de un problema más amplio que enfrenta España y Europa en su conjunto. La llegada de menores no acompañados ha aumentado en los últimos años, y la capacidad de las comunidades autónomas para atender a estos jóvenes es un tema de creciente preocupación. La Junta de Andalucía ha dejado claro que no se opondrá a la atención de estos menores, pero sí cuestiona la forma en que se está implementando el nuevo decreto y la falta de diálogo con las comunidades autónomas.
El futuro de la atención a menores inmigrantes en Andalucía dependerá en gran medida de cómo se resuelva este conflicto entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La Junta ha dejado claro que su prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, y que cualquier medida que se implemente debe tener en cuenta las realidades sobre el terreno. La situación sigue siendo tensa, y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto significativo en la vida de muchos jóvenes vulnerables que buscan un futuro mejor en España.
