La ciudad de A Coruña se encuentra en un momento crucial respecto a la gestión de sus residuos, ya que debe implementar una nueva tasa de basuras que refleje el coste real de la recogida y tratamiento de estos. Esta obligación surge a raíz de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que entró en vigor el 10 de abril de 2022, y que otorgó a los ayuntamientos un plazo de tres años para establecer tarifas adecuadas. Este plazo finalizó el pasado 10 de abril de 2025, dejando a la administración local en una encrucijada.
El Gobierno local ha manifestado su intención de implementar la nueva tasa este año, con un aumento del 33% para los hogares y del 25% para los negocios. Sin embargo, aún no se ha fijado una fecha concreta para la aprobación de la ordenanza necesaria, que actualmente se encuentra en fase de consultas previas. Esta situación ha generado inquietud entre los ciudadanos, ya que la falta de una nueva tasa podría acarrear sanciones por parte del Ministerio de Hacienda y complicar el acceso a ayudas de la Unión Europea.
La normativa vigente, que data de 2018, establece que las familias y negocios de A Coruña deben abonar una tasa fija anual que varía según la ubicación y el tipo de establecimiento. Por ejemplo, las viviendas pagan entre 60,45 y 68,87 euros al año, mientras que los comercios abonan según su superficie. Con el incremento previsto, una vivienda que actualmente paga 60,45 euros podría ver su factura anual aumentar a cerca de 81 euros.
La necesidad de actualizar la ordenanza se deriva de la Ley 7/2022, que exige que los costes asociados a la gestión de residuos, como el mantenimiento de vertederos y gastos posteriores a su cierre, sean trasladados a los ciudadanos. Además, la ley establece que las tasas no pueden ser deficitarias, lo que implica que el Ayuntamiento debe asegurar que los ingresos por este concepto cubran los gastos generados.
Los presupuestos del Gobierno local para el presente año contemplan un aumento del 31% en la recaudación por tasas de residuos, lo que representa un incremento de 11,4 millones a 15 millones de euros. Sin embargo, la implementación de la nueva ordenanza depende de su aprobación por el Pleno municipal, un proceso que aún no ha comenzado. La consulta pública abierta para recibir sugerencias de los ciudadanos finalizará el 21 de abril, pero no se ha especificado cuándo se presentará la propuesta de ordenanza.
En otras ciudades gallegas, como Vigo, Pontevedra y Lugo, ya se han aprobado nuevas ordenanzas, mientras que en Santiago de Compostela el texto está pendiente de aprobación en el Pleno. A pesar de la presión para cumplir con la normativa, la Xunta de Galicia ha aclarado que no tiene potestad para sancionar a los ayuntamientos por la falta de actualización de las tasas, ya que esta competencia recae en las administraciones locales.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha advertido que la falta de una tasa adecuada podría resultar en sanciones por parte de la Unión Europea. En una guía elaborada para los ayuntamientos, se establece que tener una tasa ajustada a la ley es obligatorio y puede ser un criterio condicionante para acceder a fondos comunitarios. Además, se ha señalado que España podría enfrentar multas por no cumplir con los objetivos de gestión de residuos, lo que afectaría directamente a los municipios que no implementen las tasas correspondientes.
La situación se complica aún más por la incertidumbre en torno a la concesión del servicio de recogida de residuos, que ha sido anulada por los tribunales. La única otra empresa que se presentó al concurso no cumplió con los requisitos necesarios, lo que ha dejado a la ciudad sin un contrato de recogida válido. Además, la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián está pendiente de licitación, y la falta de un quinto contenedor ha llevado a la Xunta a imponer una multa de 100.000 euros a la ciudad.
La alcaldesa ha indicado que se establecerán los detalles de la nueva tasa una vez que se apruebe la ordenanza, pero el interventor municipal ha expresado dudas sobre la viabilidad de la subida de ingresos prevista. La falta de claridad en el proceso y la necesidad de cumplir con la normativa europea han puesto a A Coruña en una situación delicada, donde la gestión de residuos se ha convertido en un tema de gran relevancia para la administración local y sus ciudadanos.
