La industria del vino en Galicia se enfrenta a un panorama complicado debido a la amenaza de un arancel del 20% impuesto por Estados Unidos a productos de la Unión Europea, así como a la disminución del consumo global de vino. Esta situación ha llevado a Bruselas a proponer un conjunto de medidas para ayudar a los países miembros a manejar el exceso de producción, lo que incluye la posibilidad de eliminar viñas no deseadas o cosechar uvas inmaduras. Sin embargo, estas propuestas no son bien recibidas en Galicia, donde los productores defienden la preservación de sus viñedos y la identidad de su vino.
La Denominación de Orixe (D.O.) Rías Baixas, la más importante de Galicia en términos de exportación, ha expresado su firme oposición a cualquier medida que implique arrancar viñas. Ramón Huidobro, secretario general del consello regulador, ha dejado claro que no contemplan esta opción. La región ya enfrenta limitaciones en cuanto a las plantaciones y el crecimiento, y cualquier reducción en la producción sería un paso atrás que no están dispuestos a dar. En su lugar, abogan por el acceso a créditos y ayudas que les permitan adaptarse a la nueva realidad del mercado sin sacrificar su patrimonio vitivinícola.
Antón Fonseca, CEO de Terras Gauda, también se ha manifestado en contra de la eliminación de viñas, argumentando que la expansión de la producción en Galicia ha sido siempre ordenada y que el minifundio limita las posibilidades de crecimiento. La industria vitivinícola gallega ha sido históricamente un pilar económico y cultural, y los productores están decididos a luchar por su futuro. En este contexto, la búsqueda de alternativas que permitan convertir la crisis en una oportunidad se ha vuelto esencial.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha descartado la posibilidad de que España financie la eliminación de viñas, a diferencia de Francia, que ha recibido apoyo de la Comisión Europea para arrancar hectáreas de viñedos debido a la caída del consumo. Esta disparidad en el tratamiento de la crisis vitivinícola entre los diferentes países de la UE ha generado preocupación entre los productores gallegos, que temen quedar en desventaja frente a sus competidores.
A pesar de la adversidad, algunos productores de otras denominaciones de origen en Galicia, como la D.O. Monterrei, han reportado una demanda estable y no ven la necesidad de medidas drásticas en este momento. Miguel López, director técnico de Monterrei, ha afirmado que la situación actual no requiere de acciones como el arranque de viñas, lo que refleja una diversidad de experiencias dentro del sector.
La respuesta del sector gallego ante la crisis ha sido clara: en lugar de aceptar la eliminación de viñas, los productores piden un apoyo más robusto que les permita continuar con su labor. Esto incluye la necesidad de simplificar los procesos burocráticos relacionados con las subvenciones, que a menudo no están diseñadas para beneficiar a las pequeñas bodegas. La industria vitivinícola gallega está en un punto crítico, y los productores están decididos a mantener su legado y su producción, buscando soluciones que no impliquen sacrificar su patrimonio.
El futuro del vino gallego dependerá de la capacidad del sector para adaptarse a las nuevas realidades del mercado y de la voluntad de las instituciones para apoyar a los productores en esta transición. La lucha por la identidad vitivinícola de Galicia es más que una cuestión económica; es una defensa de la cultura y la tradición que han caracterizado a esta región durante siglos. En este sentido, el sector vitivinícola gallego se encuentra en una encrucijada, donde cada decisión puede tener un impacto significativo en su futuro y en la preservación de su rica herencia.
