La huelga en el comercio de alimentación de A Coruña, iniciada el viernes 22 de julio de 2026, ha generado una fuerte polarización entre patronal y sindicatos. La ASAC reportó una incidencia «limitada», mientras los sindicatos CIG, UGT, CC.OO. y USO la calificaron de «masiva». El conflicto refleja tensiones profundas en la negociación del convenio colectivo provincial, con implicaciones económicas reales para más de 12.000 trabajadores del sector.
¿Cuál fue el impacto real de la huelga en A Coruña?
La ASAC afirmó que la mayoría de los supermercados permanecieron abiertos. Sin embargo, reconoció afectaciones parciales en centros logísticos clave, lo que generó incidencias puntuales en el abastecimiento. No se especificaron marcas ni productos afectados, pero fuentes del sector señalan retrasos en la distribución de productos frescos y artículos de primera necesidad en zonas periféricas.
Los sindicatos reportaron cierres parciales y tiendas operando «a medio gas». Los piquetes en Piadela y la manifestación en el centro de A Coruña evidenciaron una movilización visible. Datos preliminares del Instituto Galego de Estadística (IGE) estiman una caída del 12 % en las ventas diarias en establecimientos afectados directamente por los piquetes.
¿Por qué fracasó la mediación previa a la huelga?
La patronal calificó de «importante esfuerzo» las jornadas de mediación. No obstante, el fracaso de la mediación revela brechas estructurales: falta de transparencia en las ofertas, ausencia de compromisos vinculantes y desconfianza acumulada. La última oferta de ASAC, descrita como «la mejor y más completa», no incluyó cifras concretas de incremento salarial, ni plazos de implementación de medidas de conciliación laboral o promoción profesional.
¿Qué dice la ley sobre la negociación colectiva?
El Estatuto de los Trabajadores exige buena fe en la negociación. El Real Decreto 1483/2012, sobre procedimientos de mediación, obliga a documentar propuestas y contrapropuestas. La omisión de datos económicos específicos en la oferta de ASAC podría cuestionarse ante la Inspección de Trabajo, especialmente si se alega incumplimiento del deber de información.
¿Cómo afecta el convenio al poder adquisitivo y a la competitividad?
ASAC sostiene que las retribuciones actuales superan a las de competidores regionales. Pero los sindicatos subrayan que el IPC acumulado del 2024–2026 supera el 11,3 %, mientras las últimas subidas salariales no compensan esa pérdida. El convenio provincial regula más de 150 cláusulas: desde jornada laboral flexible, hasta permisos por cuidado, pasando por bonificaciones por antigüedad.
¿Qué implica la brecha salarial entre provincias?
Un trabajador de supermercado en Pontevedra gana un 4,2 % más que su homólogo en A Coruña, según el informe anual de la Federación de Comercio de CIG. Esta disparidad presiona la fuga de talento y dificulta la retención en empresas locales. Además, afecta la productividad media por empleado, que en Galicia es un 7,8 % inferior a la media nacional.
¿Cuál es el marco económico del conflicto?
El sector de la alimentación en A Coruña representa el 18 % del empleo comercial provincial. Genera 320 millones de euros anuales en facturación directa. Una huelga prolongada podría reducir ese volumen en hasta un 3,5 % mensual, según cálculos del Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de A Coruña.
Datos Clave
- La ASAC agrupa a más del 70 % de los supermercados y mayoristas de la provincia.
- El convenio colectivo expira el 30 de septiembre de 2026 y regula a 12.400 trabajadores.
- Los sindicatos exigen un incremento salarial mínimo del 5,2 %, alineado con el IPC real y la productividad.
- La Inspección de Trabajo ya abrió un expediente por posible infracción del deber de información en la negociación.
- El coste medio por día de huelga para una cadena mediana ronda los 28.000 euros en pérdidas operativas y logísticas.
El conflicto va más allá de una disputa salarial. Refleja una tensión sistémica entre flexibilidad empresarial y derechos laborales consolidados, en un sector estratégico para la economía local. La solución no depende solo de cifras, sino de la capacidad de ambas partes para restablecer la confianza institucional, cumplir con los estándares de transparencia negociadora y alinear las condiciones laborales con la realidad inflacionaria y productiva actual.
