La Policía Nacional y la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar clausuraron un restaurante en Cala Millor tras detectar explotación laboral, viviendas infraviviendas y graves fallos higiénicos. Quince trabajadores vivían hacinados en el local. Trabajaban 13 horas diarias, sin días libres. Tres carecían de permiso de trabajo. Doce estaban dados de alta a media jornada. Las autoridades impusieron cierre inmediato y plazo de 10 días para subsanar deficiencias.
¿Qué conductas laborales desencadenaron la clausura?
Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social constataron fraude en la contratación. Doce empleados figuraban como trabajadores a media jornada, pero cumplían jornadas de 13 horas diarias, siete días a la semana. Esta práctica viola el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Trabajadores en situación irregular
Tres empleados carecían de autorización para trabajar en España. Su presencia en el establecimiento evidencia falta de control en la contratación y incumplimiento de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. La empresa asumió riesgos legales graves al no verificar documentación laboral y migratoria.
¿Cuáles fueron los riesgos sanitarios detectados?
Los inspectores de Sanidad del Govern hallaron deficiencias críticas en la cadena de frío, falta de separación de alimentos crudos y cocinados, y ausencia de protocolos de higiene personal. Los trabajadores manipulaban alimentos sin lavado de manos ni ropa adecuada. Las habitaciones estaban contiguas a la cocina y almacenes, sin ventilación ni aislamiento.
Falta de limpieza estructural
La suciedad no era puntual: afectaba a suelos, superficies de trabajo, equipos de refrigeración y zonas de almacenamiento. Esto incumple el Reglamento (CE) 852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios. El riesgo de brotes de Salmonella, Listeria o Campylobacter era elevado y demostrable.
¿Qué dice la normativa sobre viviendas para trabajadores?
Los inspectores de Vivienda del Govern certificaron nueve habitaciones sin condiciones mínimas. No cumplían el Decreto Legislativo 1/2017 del Código de Vivienda de las Illes Balears, que exige ventilación, iluminación natural, espacio mínimo por persona y separación funcional de zonas de descanso y trabajo.
Hacinamiento como factor de vulnerabilidad
Los trabajadores dormían en espacios sin aislamiento acústico ni térmico, expuestos a olores, humedad y ruidos constantes. Esta situación agrava el riesgo psicosocial y facilita la explotación sistemática, al eliminar cualquier autonomía residencial.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso?
El cierre afecta directamente al sector hostelero de Cala Millor, zona con alta dependencia turística. La sanción podría superar los 187.000 euros, según la gravedad de las infracciones. Además, el caso evidencia una brecha de cumplimiento normativo en establecimientos de alta rotación estacional. El fraude laboral reduce la base de cotización a la Seguridad Social y distorsiona la competencia leal entre empresas responsables.
Datos Clave
- 15 trabajadores afectados: 12 con fraude de jornada y 3 en situación irregular
- Jornadas reales: 13 horas diarias, 7 días/semana, sin descansos mínimos
- 9 habitaciones sin licencia ni condiciones mínimas de habitabilidad
- Violación simultánea de normativa laboral, sanitaria y de vivienda
- Plazo de 10 días para subsanar deficiencias antes de reabrir
- Actas de sanción levantadas por Inspección de Trabajo, Sanidad y Vivienda
El caso refleja una convergencia peligrosa: explotación laboral, negligencia sanitaria y incumplimiento habitacional. No es un incidente aislado, sino un síntoma de presión competitiva en el turismo balear. Las autoridades han reforzado controles coordinados en zonas de alta densidad turística desde 2025. La fiscalización conjunta entre Policía, Trabajo y Sanidad se ha convertido en estándar operativo en las Illes Balears. La normativa vigente permite sanciones acumulables y cierre inmediato cuando se detectan riesgos para la salud pública o la integridad laboral.
