Miles de docentes, familias y estudiantes marcharon este domingo por el centro de Madrid para exigir una educación pública digna, sostenible y equitativa. Protestaron contra la infrafinanciación, las ratios insostenibles, la falta de apoyo al alumnado con necesidades educativas específicas y la ausencia de medidas contra el calor en las aulas. La movilización marca un punto de inflexión en la presión sindical y social ante el Gobierno regional.
¿Por qué se ha convocado esta manifestación en Madrid?
La protesta responde a una acumulación de tensiones estructurales. Desde 2014, la Comunidad de Madrid no ha ampliado sus plantillas docentes. Eso ha generado una pérdida de 6.000 trabajadores en la enseñanza pública. A la vez, el sistema ha visto cómo la oferta de centros concertados —financiados con fondos públicos— supera ya a la de los centros públicos.
El blindaje de los conciertos educativos
Un punto crítico es la prórroga de los conciertos educativos por 10 años, aprobada sin evaluación previa de su impacto en la equidad. Esto desvía recursos públicos hacia redes privadas con escasa rendición de cuentas.
¿Cuáles son las condiciones laborales que empujan a la huelga indefinida?
El profesorado madrileño es el peor pagado de España. No hay revalorización salarial desde 2022. Las jornadas se han intensificado sin compensación. Y la falta de personal de apoyo —orientadores, pedagogos, auxiliares— agrava la sobrecarga.
La brecha de infraestructura y mantenimiento
Más del 65 % de los colegios públicos madrileños carecen de climatización adecuada. En junio, las temperaturas superan los 35 °C en aulas sin ventilación ni sombra. Esto no es solo incómodo: es un riesgo para la salud y el rendimiento escolar.
¿Qué impacto económico tiene la desinversión en educación pública?
Cada euro no invertido en educación pública genera costes ocultos a largo plazo. La tasa de abandono escolar temprano en Madrid es un 2,3 % superior a la media nacional. Eso se traduce en menor productividad futura, mayor gasto en políticas sociales y menor recaudación fiscal.
El costo real del calor en las aulas
Según datos de la plataforma ‘Aprender sin calor’, instalar toldos y sombras en patios cuesta entre 8.000 y 15.000 € por centro. Sin embargo, el presupuesto regional para adaptación climática en centros públicos es inferior al 0,4 % del gasto educativo total.
¿Qué marco legal respalda las demandas de los manifestantes?
La Ley Orgánica 3/2020 de Educación (LOMLOE) exige equidad, inclusión y condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho a la educación. Además, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obligan a garantizar entornos seguros —incluido el control térmico— para docentes y estudiantes.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2025
Un fallo reciente reconoció que la falta de medidas contra el calor en centros públicos vulnera el derecho a la salud y el derecho a la educación de calidad, especialmente en menores.
Datos Clave
- La Comunidad de Madrid tiene 6.000 docentes menos que en 2012.
- El 72 % de los centros públicos carece de sistema de climatización funcional.
- Los conciertos educativos están blindados por 10 años, sin revisión de resultados.
- El salario medio de un profesor en Madrid es un 12,7 % inferior al de la media nacional.
- La tasa de alumnado con necesidades educativas específicas no atendido supera el 40 % en centros con más del 30 % de alumnado vulnerable.
El movimiento no es solo reivindicativo: es preventivo. Exige que la educación pública deje de ser un gasto y se reconozca como inversión estratégica. La huelga indefinida prevista para octubre 2026 no es una amenaza. Es una consecuencia directa de doce años de inacción.
