Betanzos enfrenta una crisis de credibilidad financiera tras anunciar la aprobación de facturas pendientes por 1.081.154 euros en un pleno extraordinario. La mayor parte corresponde al ejercicio 2025 y se financiará con el remanente de tesorería, lo que activa alertas legales, económicas y de transparencia. La Intervención municipal ha emitido reparos suspensivos en múltiples casos. Los socios de gobierno exigen cambios urgentes antes de seguir apoyando al PSOE.
¿Por qué se acumularon más de un millón en facturas pendientes?
El retraso no responde a una única causa, sino a una cadena de decisiones operativas y contables repetidas. El Gobierno local ha normalizado el fraccionamiento de contratos, una práctica que evita la aplicación de licitación pública obligatoria. Esto permite adjudicar pequeños lotes a proveedores sin control externo. También se detectaron gastos sin cobertura contractual previa, lo que vulnera el artículo 122 de la Ley General Presupuestaria.
Facturas sin soporte legal válido
- Varias facturas corresponden a servicios prestados por un extrabajador municipal, sin cumplir requisitos de facturación ni de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.
- Se identificaron pagos etiquetados como «servicios técnicos» que en realidad encubrían subvenciones no declaradas, contrarias al artículo 25 de la Ley de Subvenciones.
- Algunos contratos de jardinería y poda carecían de pliegos técnicos y de evaluación de ofertas, lo que impide verificar su ajuste a mercado.
¿Qué dice la Intervención sobre los 938.668 euros en reconocimiento extrajudicial?
La Intervención municipal no solo ha emitido reparos: ha calificado como «reiterados» los incumplimientos. Sus informes señalan que el 72 % de las facturas del primer bloque presentan al menos un vicio formal o sustancial. El más frecuente es la ausencia de justificación de gasto conforme al artículo 134 de la Ley General Presupuestaria.
¿Qué implica el reconocimiento extrajudicial de crédito?
- No es una simple contabilidad: es un mecanismo excepcional para reconocer obligaciones no previstas en el presupuesto.
- Requiere informe motivado y aprobación expresa del pleno, no del gobierno local en solitario.
- Su uso masivo socava la principio de legalidad presupuestaria, base del control democrático del gasto.
¿Cómo afecta esto al BNG y a la gobernabilidad local?
El BNG ha condicionado su apoyo a cambios estructurales en la gestión económica. Su portavoz, Amelia Sánchez, calificó la situación como «una prueba más de la mala gestión económica». La formación nacionalista exige la publicación mensual de informes de ejecución presupuestaria y la creación de una comisión de seguimiento independiente.
Datos Clave
- El total de facturas pendientes asciende a 1.081.154 euros, divididos en 938.668 € (reconocimiento extrajudicial) y 142.486 € (suplemento de crédito).
- Más del 70 % de las facturas fueron objeto de reparos suspensivos por la Intervención municipal.
- Las irregularidades más comunes: fraccionamiento de contratos, gastos sin cobertura contractual y facturación por servicios de exfuncionarios sin alta legal.
- El remanente de tesorería usado para cubrir estos gastos reduce la capacidad de inversión en 2026 y afecta la solvencia financiera del Concello.
- La práctica viola al menos tres normas clave: Ley General Presupuestaria, Ley de Contratos del Sector Público y Ley de Transparencia.
¿Cuál es el impacto económico real para los vecinos de Betanzos?
Cada euro destinado a saldar facturas antiguas es un euro que no se destina a nuevas inversiones. El uso del remanente de tesorería para gastos no planificados reduce la liquidez disponible para emergencias, mantenimiento de infraestructuras o ayudas sociales. Además, la repetición de irregularidades genera riesgo de sanciones contables y reclamaciones judiciales por parte de proveedores o auditores externos. El coste oculto incluye pérdida de confianza de inversores locales y retraso en fondos europeos por incumplimiento de buenas prácticas de gestión.
El contexto actual exige transparencia real, no contabilidad reactiva. La gestión presupuestaria no es técnica: es un acto político con consecuencias directas en la calidad de los servicios públicos.
