La respuesta estatal ante la crisis del Covid-19 evitó la desaparición de cientos de empresas y salvó 4,2 millones de empleos. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue pieza clave en esa estrategia. Su actuación, coordinada con los ERTE y fondos públicos, sostuvo compañías estratégicas en el peor momento económico. Las críticas políticas posteriores no alteran su impacto real: estabilidad laboral, continuidad productiva y salvaguarda de la cadena de valor nacional.
¿Cómo justificó la SEPI su intervención durante la pandemia?
Belén Gualda, presidenta de la SEPI, defendió ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que las medidas públicas no fueron improvisadas. Fueron respuestas estructurales a una emergencia sin precedentes. El Estado actuó como amortiguador financiero, no como inversor especulativo.
El enfoque fue preventivo, no punitivo
La SEPI priorizó la viabilidad operativa de empresas con impacto sistémico. No se trató de salvar a cualquier compañía, sino de preservar sectores críticos: transporte aéreo, energía, telecomunicaciones y defensa. Air Europa recibió un préstamo estatal, no un rescate con fondos europeos. Esa distinción es clave para entender la naturaleza jurídica y contable de la operación.
¿Qué impacto económico tuvieron los rescates gestionados por la SEPI?
Los fondos movilizados por la SEPI tuvieron un efecto multiplicador. Cada euro invertido en empresas estratégicas generó hasta 3,2 euros en actividad económica indirecta, según estimaciones del Ministerio de Industria. Además, se evitó una caída del 12,7 % en la inversión en I+D empresarial durante 2020–2021.
El costo fiscal fue menor que el costo social del colapso
Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó que el coste de no intervenir habría sido un 28 % superior en términos de desempleo estructural y pérdida de capital humano. La SEPI actuó dentro del marco del Real Decreto-ley 8/2020, que habilitó mecanismos de apoyo excepcional con control parlamentario y auditoría posterior.
¿Qué dice el marco legal sobre la actuación de la SEPI en crisis?
La Ley 5/2015 de Sociedades Estatales y el Real Decreto 1077/2021 regulan las condiciones bajo las que la SEPI puede intervenir en empresas. No es una entidad de libre disposición: sus operaciones requieren informe previo de la Comisión de Control Parlamentario y evaluación de viabilidad por el Banco de España o el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Transparencia y rendición de cuentas son obligatorias
Cada operación debe publicarse en el Portal de Transparencia del Estado. La SEPI no está exenta de investigación judicial. Gualda confirmó la colaboración con la UCO y la UDEF, pero negó registros en su sede. Esto refuerza que su actuación se inscribe en el ámbito de la legalidad administrativa, no en la opacidad.
¿Qué revela el caso Air Europa sobre la gobernanza de la SEPI?
El préstamo a Air Europa puso en evidencia la tensión entre urgencia y rigor. Fue una operación con fondos propios del Estado, sin recurso a fondos europeos. Sin embargo, derivó en la imputación del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Esto no invalida la medida, pero sí exige revisar los protocolos de debida diligencia y gestión de riesgos en operaciones de emergencia.
Datos Clave
- La SEPI gestionó más de 2.100 millones de euros en apoyos directos durante 2020–2021.
- El 93 % de las empresas intervenidas mantuvieron su plantilla estable durante los 12 meses posteriores al apoyo.
- Ninguna operación fue calificada como “ayuda estatal incompatible” por la Comisión Europea.
- El 78 % de los préstamos concedidos fueron devueltos íntegramente antes de 2024.
- La SEPI está sujeta a auditoría anual por el Tribunal de Cuentas y al control del Parlamento.
El contexto actual exige reforzar los mecanismos de gobernanza pública y evaluación de impacto social. Las crisis futuras —energéticas, climáticas o geopolíticas— requerirán respuestas tan ágiles como controladas. La SEPI no es un fondo de inversión privado: es un instrumento de política industrial con deberes de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. Su papel no es debatir ideologías, sino garantizar la resiliencia del tejido productivo nacional.
