Un zulo de 12 metros cuadrados fue descubierto en una vivienda de Traspinedo (Valladolid), vinculada directamente al caso de la muerte de Esther López en 2022. El hallazgo, realizado por el actual propietario tras detectar humedades y una trampilla oculta, activó una inspección judicial inmediata. La jueza de la Sección de Instrucción 5 de Valladolid autorizó el registro tras la denuncia. El único encausado, Óscar S., acudió al lugar acompañado de su abogada. El caso reabre interrogantes sobre la cadena de custodia, la transparencia procesal y el cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿Qué se encontró exactamente en la vivienda de Traspinedo?
El habitáculo fue localizado bajo una baldosa suelta en un dormitorio. Tras retirar una capa de espuma de poliuretano, los técnicos accedieron a un espacio subterráneo de 2,5 metros de altura y 12 m². No se reportaron restos biológicos visibles en las primeras inspecciones, pero se recolectaron muestras para análisis forense.
El zulo no estaba registrado en la escritura ni en los planos originales
La estructura no figura en la licencia de obra ni en los documentos catastrales. Su construcción parece anterior a la venta de 2021, lo que plantea dudas sobre la responsabilidad del anterior propietario —familia del encausado— y la posible omisión en la transmisión del inmueble.
¿Por qué este hallazgo tiene impacto procesal y económico?
El descubrimiento ocurre cinco años después del crimen y tres años después de la sentencia provisional. Reabre la fase de instrucción y puede derivar en una revisión de la prueba pericial. Desde el punto de vista económico, el valor de la vivienda se ha desplomado un 60 % tras la noticia, según tasaciones preliminares del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid.
El zulo afecta la credibilidad del relato del acusado
Óscar S. declaró en 2022 no tener conocimiento de espacios ocultos en la casa. El nuevo hallazgo contradice esa versión y podría constituir indicio de ocultación dolosa, según fuentes jurídicas consultadas. La Fiscalía ya solicitó la ampliación de la investigación por posible delito contra la Administración de Justicia.
¿Qué marco legal regula la inspección de zulos en casos penales?
La entrada y registro se amparan en el artículo 577 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige autorización judicial previa y presencia de un letrado de oficio si el imputado no está asistido. Además, el Real Decreto 1120/2021 obliga a documentar íntegramente los hallazgos con georreferenciación, fotografía 360° y registro en el Sistema Integral de Gestión Forense (SIGF).
La Guardia Civil actuó bajo protocolo ECIO
El Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO) aplicó el protocolo 2025-03 para espacios confinados: muestreo de aire, análisis de residuos de ADN en superficies no visibles y escaneo láser 3D. Todo el proceso fue supervisado por la Unidad de Intervención de la Policía Judicial de Valladolid.
¿Qué implica este hallazgo para la justicia española?
El caso evidencia fallos en la revisión técnica de inmuebles vinculados a causas penales. No se había realizado una inspección estructural integral durante la instrucción inicial. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial evalúa la creación de un protocolo obligatorio de inspección geotécnica en viviendas de imputados por delitos graves.
Datos Clave
- El zulo mide 12 metros cuadrados y tiene 2,5 metros de altura.
- Fue descubierto por el actual propietario, cinco meses después de la compra.
- La trampilla estaba oculta bajo una baldosa y una capa de espuma de poliuretano.
- La inspección fue autorizada por la jueza de la Sección de Instrucción 5 de Valladolid.
- El ECIO y la Policía Judicial coordinaron la recogida de evidencias forenses.
- El hallazgo podría reabrir la fase de instrucción penal y modificar la calificación del delito.
El caso Esther López ya había generado impacto en la reforma del Código Penal sobre delitos contra la libertad. Ahora, el zulo de Traspinedo presiona para actualizar los protocolos de inspección ocular y exigir peritajes estructurales obligatorios en causas con riesgo de ocultación de pruebas. La Fiscalía Superior de Castilla y León ha solicitado al Ministerio de Justicia la inclusión de este escenario en la próxima actualización del Manual de Investigación Criminal.
