La Comunidad de Madrid está considerando implementar un límite en el precio de venta de los terrenos destinados a la construcción de vivienda protegida (VPO). Esta medida, que busca regular el mercado inmobiliario, se encuentra en fase de discusión y podría tener un impacto significativo en la forma en que se desarrollan los proyectos de vivienda en la región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha iniciado conversaciones con diversos actores del sector para evaluar la viabilidad de esta propuesta, que se enmarca dentro de una reforma más amplia del reglamento de vivienda que no ha sido actualizado desde 2005.
La VPO en Madrid se clasifica en dos categorías: Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y Vivienda de Protección Pública de Precio Básico (VPPB). Actualmente, el precio máximo de venta de estas viviendas está fijado en función de un módulo que oscila entre 2.500 y 2.900 euros por metro cuadrado, en contraste con el precio medio de las viviendas libres que supera los 4.500 euros por metro cuadrado. Esta diferencia de precios ha llevado a que muchos terrenos destinados a la VPO se vendan a precios superiores a los establecidos, especialmente a cooperativas que, a través de un mecanismo de ampliaciones de capital, logran eludir las limitaciones legales.
La propuesta de establecer un tope en el precio del suelo busca frenar esta especulación y asegurar que los terrenos destinados a la vivienda asequible se mantengan dentro de un rango de precios razonable. Según fuentes consultadas, se está considerando un límite que podría situarse en un porcentaje del valor máximo de venta de las futuras viviendas, con un 20% para la VPPB y un 25% para la VPPL. Esta regulación no es nueva; en el pasado, la Comunidad de Madrid ya había implementado límites similares que fueron eliminados posteriormente.
### Reacciones del Sector Inmobiliario
La reacción a esta propuesta ha sido mixta. Por un lado, algunos propietarios de terrenos y grandes promotoras han expresado su preocupación, argumentando que la imposición de precios topados podría resultar en pérdidas significativas, dado que los costos de urbanización y desarrollo son elevados. Las gestoras de cooperativas, que han sido señaladas como responsables de la especulación en el mercado, también se oponen a esta medida, ya que el mecanismo de ampliaciones de capital les permite competir por terrenos que de otro modo no podrían adquirir.
Sin embargo, hay voces dentro del sector que apoyan la regulación. Aquellos promotores que no acumulan grandes bancos de suelo, sino que adquieren terrenos de forma parcelada para cada proyecto, ven en esta medida una oportunidad para nivelar el campo de juego. Argumentan que la regulación del precio del suelo es necesaria para garantizar que todos los competidores puedan acceder a los mismos recursos y que la especulación no continúe afectando el mercado de la vivienda.
Un alto directivo de una de las promotoras más importantes del sector ha señalado que la solución no radica únicamente en limitar el precio del suelo, sino en prohibir que las cooperativas abusen del mecanismo de ampliaciones de capital. Esta medida, según él, podría abordar el problema de raíz y evitar el retorno de prácticas ilegales en la promoción inmobiliaria.
### Cambios en el Reglamento de Vivienda
Uno de los aspectos clave de la reforma del reglamento de VPO es la introducción de una disposición transitoria que eximiría a ciertos desarrollos urbanísticos de las nuevas limitaciones de precios. Esta excepción se aplicaría a aquellos proyectos que se encuentren en fases avanzadas de desarrollo, lo que significa que los grandes desarrollos urbanísticos de la capital, como los Desarrollos del Sureste, no estarían sujetos a las nuevas regulaciones.
Este enfoque podría generar un debate adicional sobre la equidad en el acceso a la vivienda y la necesidad de asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a viviendas asequibles. La administración local y regional también se ha beneficiado de la situación actual, ya que ha podido vender patrimonio público a precios que superan los valores de mercado, lo que ha generado críticas sobre la gestión de los recursos públicos.
La discusión sobre el precio del suelo y la regulación de la vivienda protegida en Madrid es un tema complejo que involucra múltiples intereses y perspectivas. A medida que el Gobierno regional avanza en la elaboración del nuevo reglamento, será crucial encontrar un equilibrio que permita fomentar el desarrollo de vivienda asequible sin perjudicar a los actores del mercado que buscan operar de manera justa y sostenible.
