La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado recientemente un informe que evalúa la situación del aborto en España durante la última década. Este análisis pone de manifiesto no solo el crecimiento en el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en centros públicos, sino también las significativas desigualdades territoriales que persisten en el acceso a este servicio. García ha enfatizado que «la ley se cumple» y ha instado a las comunidades autónomas a mejorar su desempeño en la atención a la salud reproductiva.
**Desigualdades en el Acceso a la IVE**
El informe revela que en 2024 se realizaron un total de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, de las cuales solo 22.563 (21,25%) se llevaron a cabo en centros públicos. Este dato contrasta drásticamente con el 78,75% que se realizó en centros privados. La ministra ha señalado que, aunque ha habido un aumento del 50% en la proporción de IVE realizadas en la red pública en los últimos cinco años, aún es insuficiente. En particular, ha destacado que cuatro de cada diez interrupciones se realizan en Madrid (25%) y Andalucía (18%), pero que en estos lugares apenas el 0,5% y el 0,03% de los procedimientos, respectivamente, se llevan a cabo en centros públicos.
García ha criticado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y Andalucía, por su lento avance en la implementación de la Ley Orgánica 2/2010, que regula la salud sexual y reproductiva. En su análisis, ha clasificado a las comunidades en cuatro grupos según su nivel de avance en la adaptación a esta ley. Las que han avanzado significativamente incluyen Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, donde más del 60% de las IVE se realizan en centros públicos. En contraste, Andalucía y Madrid se encuentran en el grupo de las más rezagadas, con cifras alarmantemente bajas.
**Impacto de la Privatización en la Atención Sanitaria**
El informe también aborda las implicaciones sanitarias y sociales de mantener la IVE fuera del sistema público. Esta situación no solo refuerza el estigma asociado al aborto, sino que también desvincula el procedimiento del Sistema Nacional de Salud, lo que limita el acceso de las mujeres a una atención integral y equitativa. La falta de circuitos hacia centros públicos puede condicionar la libertad de elección de las mujeres, ya que muchas deben abandonar su entorno sanitario habitual para acceder a la IVE, fragmentando así su atención médica.
Además, el informe destaca que la mayoría de las mujeres son informadas sobre la IVE en centros públicos, pero el procedimiento se realiza mayoritariamente en centros privados. Esta incoherencia pone de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud para ofrecer una respuesta integral en materia de salud sexual y reproductiva.
Entre las medidas propuestas para mejorar la accesibilidad a la IVE, se incluye la creación y actualización de registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas. Esto es fundamental para garantizar que haya equipos no objetores disponibles en todos los niveles del sistema sanitario, asegurando así una prestación pública efectiva. También se sugiere la normalización de la IVE como una prestación más del Sistema Nacional de Salud, mediante protocolos homogéneos y circuitos asistenciales coordinados.
El informe subraya la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública, dado su menor complejidad logística y su eficacia. Comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia y La Rioja han demostrado que este enfoque puede ser implementado con éxito, lo que podría servir de modelo para otras regiones.
Finalmente, se plantea la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación comunes entre comunidades, así como promover la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva, con un enfoque de derechos y de género. Estas acciones son esenciales para garantizar que todas las mujeres en España tengan acceso a una atención sanitaria equitativa y de calidad en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.
