La reciente polémica en torno a las pulseras telemáticas para maltratadores ha llevado al Partido Popular (PP) a forzar una votación en el próximo Pleno del Congreso para reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado lo que considera una «negligencia» por parte del Ministerio, tras la revelación de la Fiscalía sobre errores en el sistema que han llevado a la absolución de varios acusados de violencia de género.
La situación se ha vuelto crítica después de que la Fiscalía, en su Memoria correspondiente al 2024, alertara sobre fallos en las pulseras telemáticas, que se utilizan como medida de protección para las mujeres en riesgo. Muñoz ha calificado de «gravísimo» que el Ministerio de Igualdad haya tenido conocimiento de estos fallos y no haya tomado medidas para solucionarlos. Según sus declaraciones, «mujeres que se creían seguras realmente no lo estaban», lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación.
Por su parte, Ana Redondo ha defendido su gestión, afirmando que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones derivados de los fallos técnicos en las pulseras no supera el 1%. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por Muñoz, quien ha señalado que 47 mujeres han estado expuestas a un riesgo innecesario debido a la falta de funcionamiento del sistema.
El PP ha registrado una moción de interpelación urgente para debatir la reprobación de Redondo en el próximo Pleno, donde buscarán el apoyo de otros grupos parlamentarios. La portavoz del PP ha enfatizado que la situación es un «absoluto desastre» y que debe haber consecuencias por la gestión del Ministerio de Igualdad. Además, han instado al presidente del Gobierno a cesar a Redondo de inmediato por los fallos en el sistema Cometa, que gestiona las pulseras de protección.
La controversia no solo se limita a la gestión de las pulseras, sino que también se enmarca en un contexto más amplio de críticas hacia la ley del ‘solo sí es sí’, que ha sido objeto de debate por sus consecuencias en la reducción de condenas para agresores sexuales. El PP ha vinculado la reprobación de Redondo con la necesidad de rendir cuentas sobre la ley y sus efectos, pidiendo al Gobierno que actualice y dé transparencia a los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena desde la entrada en vigor de la normativa.
La ministra de Igualdad ha calificado de «deficiente» el plan que renueva el servicio de pulseras antivioladores tras el cambio de proveedor, lo que ha generado aún más críticas por parte de la oposición. La situación ha llevado a un clima de tensión en el Congreso, donde el PP ha acusado al Gobierno de incompetencia y falta de transparencia en la gestión de la violencia de género.
En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a un dilema complicado. Por un lado, debe defender a su ministra y su gestión, mientras que por otro, debe atender las demandas de la oposición y la creciente preocupación social por la seguridad de las mujeres. La presión sobre el Gobierno se intensifica a medida que se acercan las elecciones, y la gestión de la violencia de género se convierte en un tema central en la agenda política.
La situación actual refleja una crisis de confianza en las instituciones encargadas de proteger a las mujeres, y la respuesta del Gobierno será crucial para determinar cómo se desarrollará este debate en el futuro. La reprobación de la ministra de Igualdad podría sentar un precedente en la forma en que se gestionan las políticas de igualdad y protección en España, y podría tener repercusiones significativas en la percepción pública del Gobierno y su compromiso con la lucha contra la violencia de género.
