La reciente polémica sobre las pulseras de control utilizadas en casos de violencia de género ha puesto de manifiesto la falta de claridad y la descoordinación entre las instituciones encargadas de la protección de las víctimas. A pesar de que el Ministerio de Igualdad ha minimizado la magnitud de los problemas, la Fiscalía ha alertado sobre el impacto significativo que estos errores han tenido en el sistema judicial, lo que ha llevado a un debate intenso sobre la responsabilidad del Gobierno en esta situación.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que los problemas con las pulseras de control, que se utilizan para monitorear a los agresores, han sido «puntuales» y que el número de casos afectados es «muy, muy pequeño», estimando que no supera el 1%. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por la Fiscalía, que en su última memoria anual ha indicado que los errores en estos dispositivos han provocado una «gran cantidad» de sobreseimientos y sentencias absolutorias. La falta de cifras concretas por parte de ambas instituciones ha generado confusión y desconfianza entre la opinión pública.
### Problemas técnicos y su impacto en la protección de las víctimas
Los problemas con las pulseras de control no son nuevos. Según informes de la asesoría jurídica del centro de control Cometa, encargado de gestionar estos dispositivos, los errores en la localización de los mismos han impedido que se cumplan las funciones de protección de las víctimas. En un informe de febrero de 2024, se advirtió que la imposibilidad de localizar a los usuarios de las pulseras ha comprometido la seguridad de las mujeres que dependen de este sistema para su protección. A pesar de las reiteradas advertencias al Ministerio de Igualdad, la respuesta fue insuficiente, lo que ha llevado a cuestionar la eficacia del sistema de protección.
La Fiscalía ha señalado que durante el periodo en que se presentaron estos problemas, se perdieron datos cruciales que podrían haber sido utilizados como pruebas en los procedimientos judiciales. Esto ha llevado a la archivación de casos que, de otro modo, podrían haber resultado en condenas. La falta de seguimiento y la ineficacia en la gestión de estos dispositivos han puesto en riesgo la seguridad de las víctimas de violencia de género, lo que ha llevado a críticas severas por parte de la oposición política.
### Reacciones políticas y exigencias de responsabilidad
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los críticos más vocales del Gobierno en este asunto. En declaraciones recientes, acusó al Ejecutivo de «desproteger a las mujeres» y exigió dimisiones por los fallos en el sistema de pulseras de control. Feijóo ha vinculado esta situación con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del solo sí es sí, que ha sido objeto de controversia por las rebajas de penas que ha provocado en casos de agresores sexuales. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, también ha señalado que el Gobierno no ha asumido responsabilidades por lo que considera una «negligencia» que pone vidas en riesgo.
La falta de claridad en la comunicación de datos y la gestión de estos dispositivos ha llevado a un clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de la protección de las víctimas de violencia de género. La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas para combatir esta problemática y la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de protección.
En medio de esta controversia, la ministra Ana Redondo ha manifestado su intención de dialogar con la Fiscalía para aclarar las discrepancias en las cifras y asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Sin embargo, la falta de datos concretos y la percepción de una gestión deficiente han dejado a muchas víctimas de violencia de género sintiéndose desprotegidas y vulnerables.
La situación actual pone de relieve la importancia de una coordinación efectiva entre las distintas instituciones y la necesidad de garantizar que las políticas de protección a las víctimas de violencia de género sean efectivas y estén respaldadas por datos claros y verificables. La confianza en el sistema de justicia y en las medidas de protección es fundamental para asegurar la seguridad de las mujeres y la eficacia en la lucha contra la violencia de género.
