En una reciente sesión plenaria, el Congreso de España ha decidido no avanzar en la propuesta de Sumar para establecer una Oficina de Prevención de la Corrupción. Esta decisión se ha tomado con los votos en contra de los partidos PP, Vox y Junts, lo que significa que la iniciativa no seguirá su curso legislativo. Este es el segundo revés que sufre Sumar en el actual periodo parlamentario, después de que la semana pasada se aprobara el veto a otro proyecto de ley del Gobierno que buscaba reducir la jornada laboral.
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha criticado la postura de las formaciones de la derecha, argumentando que su rechazo a la creación de esta oficina demuestra su falta de interés en abordar la corrupción en el país. Durante el debate, los representantes de PP y Vox manifestaron su apoyo a la lucha contra la corrupción, pero no a través de esta propuesta, a la que consideran un intento de Sumar de mejorar su imagen dentro del Gobierno de coalición con el PSOE, especialmente tras el escándalo del caso Koldo.
Por su parte, Junts ha calificado la propuesta de Sumar como una «ocurrencia de última hora» y ha expresado su preocupación por el riesgo de que una oficina estatal anticorrupción interfiera con la oficina antifraude catalana, que ya está en funcionamiento. A pesar de la oposición de estos partidos, otros socios de investidura como Podemos, ERC, PNV y Bildu votaron a favor de la iniciativa, aunque con ciertas reservas. En particular, Podemos ha señalado que, aunque apoyan la creación de una oficina anticorrupción, consideran que es una medida insuficiente y que la corrupción es un problema endémico del bipartidismo que estos partidos no pueden resolver.
La propuesta de Sumar, que fue registrada en marzo de 2024 y relanzada en junio, se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la corrupción en España. La iniciativa fue presentada como una respuesta a las demandas del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un organismo del Consejo de Europa que ha instado a España a fortalecer sus mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción. La creación de esta oficina se había planteado como una condición para continuar con la legislatura, especialmente tras la imputación de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en el caso Koldo.
La negativa del Congreso a avanzar en esta propuesta coincide con la reciente aprobación de un plan estatal de lucha contra la corrupción, que incluye la creación de una Agencia de Integridad Pública. Sin embargo, la falta de apoyo a la Oficina de Prevención de la Corrupción ha dejado a Sumar en una posición complicada, ya que su capacidad para implementar reformas significativas se ve limitada por la oposición de los partidos de derecha.
En el contexto político actual, donde la corrupción sigue siendo un tema candente, la decisión del Congreso de rechazar esta propuesta podría tener repercusiones en la percepción pública de los partidos involucrados. La portavoz de Sumar ha enfatizado que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para todos los partidos, y ha instado a los votantes a reflexionar sobre las implicaciones de este rechazo.
Además, la situación se complica aún más con la creciente presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que enfrenta críticas tanto por su gestión de la economía como por su enfoque hacia la corrupción. La falta de apoyo a iniciativas como la Oficina de Prevención de la Corrupción podría ser vista como un obstáculo para la transparencia y la rendición de cuentas en el país, lo que podría afectar la confianza del público en las instituciones.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo Sumar y sus aliados intentan navegar este panorama político desafiante y qué medidas tomarán para abordar las preocupaciones sobre la corrupción en España. La creación de una oficina anticorrupción podría ser solo una parte de un enfoque más amplio que incluya reformas legislativas y un compromiso renovado con la transparencia y la ética en la política.
